En muchos medios de comunicación y redes sociales, los titulares y comentarios indican que en el Perú hay una dictadura, mientras que otros señalan que vivimos tiempos de democracia. Bueno, la realidad es mucho más compleja. Primero debemos definir qué es una democracia, básicamente conocer los requisitos para que un Estado sea clasificado como democrático.
El principio esencial de una democracia es que el poder
político reside en los ciudadanos. Una pregunta clave es: ¿cuánto poder realmente
reside en los ciudadanos? En muchos países las personas votan por ciertos políticos
que publicitan un listado de promesas. Después de votar de manera libre y
secreta por uno de ellos, el político ganador olvida sus promesas y pone en
agenda otros planes y, tras una breve o larga discusión, las ejecuta. En este
punto uno se pregunta: ¿realmente ese político representa a los ciudadanos que
lo eligieron? La respuesta obvia es no.
Otra característica de un gobierno democrático es la llamada
División de Poderes; en otras palabras, para prevenir la concentración del
poder en una sola persona o ente y evitar posibles abusos, el poder del Estado
se fragmenta en distintas ramas independientes, que son:
- Poder
Legislativo: Sus funciones son legislar (crear, modificar o derogar leyes), ejercer el control político (fiscalizar al Ejecutivo, interpelar ministros, aprobar el presupuesto) y representar a la ciudadanía. En el Perú es el Congreso.
- Poder Ejecutivo: Es responsable de la gestión diaria del Estado, la administración pública y la ejecución de leyes aprobadas por el Legislativo. Sus funciones principales incluyen dirigir la política nacional, reglamentar leyes, asegurar la seguridad interna y externa, gestionar el presupuesto y representar al país internacionalmente. Está representado por el Presidente y sus ministros.
- Poder Judicial: Administra la justicia de manera autónoma e independiente, resolviendo conflictos y garantizando los derechos de los ciudadanos según la Constitución y las leyes. Los tratados internacionales en Perú, ratificados y en vigor, forman parte del derecho nacional según la Constitución (Art. 55). Tienen jerarquía legal y, en casos como derechos humanos, rango constitucional o parámetro de control. Está constituido por la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores de Justicia, Juzgados Especializados y Mixtos, Juzgados de Paz Letrados y Juzgados de Paz.
El Tribunal Constitucional del Perú no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial). Es un órgano constitucional autónomo e independiente, sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica, cuya función principal es ser el supremo intérprete de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
En nuestro país, poco a poco el poder Legislativo ha crecido
y tiene en la actualidad gran injerencia en el poder ejecutivo, a tal grado que
no solo puede remover ministros, sino también presidentes y vicepresidentes. Asimismo,
hemos visto que el Legislativo ha removido a presidentes del poder judicial y realizado denuncias a magistrados. No olvidar que este poder también designa a los miembros del Tribunal Constitucional. Por
ello, en el Perú actual prácticamente no hay división de poderes. No importa si
el pueblo elige a un presidente; él casi no tiene poder. Por otro lado, si hay un referendo, existe la
obligación de respetarlo, pero el actual Congreso, en el caso del referéndum
relacionado con bicameralidad (que existiesen diputados y senadores), el pueblo
dijo que no, pero en el 2024 el Pleno del Congreso de la República aprobó el retorno a la
bicameralidad ignorando olímpicamente el
resultado del referéndum, vulnerando la soberanía popular.
Sobre lo dicho antes,
hay que agregar el llamado Estado de Derecho, que en términos simples significa
que nadie está por encima de la ley. Las
leyes deben ser justas y aplicarse sin arbitrariedad, donde todos tienen derecho
a un juicio justo y al debido proceso. Ya el ciudadano de a pie, sufrido
peruano, sabe que, en la práctica, hay gente que tiene más derechos que otros.
Finalmente, las personas perciben que viven en democracia si existe libertad de expresión y de prensa, libertad de reunión, libertad de religión, política y de conciencia. Sin embargo, manifestarse en contra del gobierno o del Congreso es muy peligroso; recordemos a los 49 civiles asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte que hasta la fecha están sin resolver, sin final en los juicios, sin acusados. Estos hechos ocurrieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. 48 de las 49 víctimas murieron por impactos en la cabeza, el tórax o el abdomen, causados por armas de fuego o por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno. Un dato más: 27 de las víctimas mortales tenían menos de 25 años y 7 eran menores de edad.
La libertad de expresión de muchos periodistas está limitada a lo que el dueño del medio de comunicación establezca. A eso súmese que las mafias ligadas a tala ilegal, tráfico de terrenos, narcotráfico u otras organizaciones criminales contratan a delincuentes para amedrentar y, en otros casos, a sicarios para asesinar a periodistas, donde los responsables intelectuales no son condenados, y en muchos casos ni siquiera acusados.
Como respuesta a la pregunta inicialmente planteada, es
claro que no vivimos en una democracia plena en el Perú. Es más bien una
democracia deficiente o imperfecta. Según
la revista The Economist, que publica el
Índice de Democracia y asigna puntajes entre 10 (democracia plena) y 0 (regímenes
autoritarios), el Perú cayó un puesto en el ranking global y permanece
estancado en la categoría de régimen híbrido los años 2025-2025. En 2024, el
Perú obtuvo una calificación de 2.50, respecto al puntaje de 3.13 que recibió
en el 2023.
Como una reflexión final, es preciso señalar que, en la
actual circunstancia peruana y considerando las próximas elecciones generales 2026, más vale votar por unos diputados y senadores con valores democráticos
y, sobre todo, decentes, que puedan revertir la intromisión exagerada y perturbadora del Legislativo en los otros poderes del Estado.
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