Parece que nos hemos acostumbrado a las muertes tanto que los más de 40 muertos por el presente conflicto social no han causado fuerte indignación en todos los ciudadanos, medios de comunicación, exigentes pedidos de investigación de todos los partidos políticos peruanos ni mucho menos el despido de los responsables políticos.
La
violencia no solo es física, si no también verbal y escrita. Basta leer los
mensajes crispados que muchas personas ponen en las redes sociales. A esto se
suma las declaraciones rabiosas e incendiarias de nuestros incompetentes
políticos como las hechas por un expremier quien dijo que correrá sangre o las
declaraciones de los congresistas de extrema derecha quien temerariamente
expresó: matar o morir.
En
una sociedad donde la mayoría son cristianos o profesan otras religiones el
matar está prohibido y es condenado. Para alguien foráneo que observa atónito
como muchos políticos, periodistas peruanos hasta algunos ciudadanos de a pie
piden, a voz en cuello, meter bala a manifestantes que se oponen a un gobierno,
juzgaría que nuestra sociedad es más bien demoniaca, bárbara e insana.
Recordemos que el DL 1186 señala que el último
nivel de uso de fuerza es la siguiente:
Fuerza letal.- es el uso de
armas de fuego por el personal de la policía nacional, contra quién realiza una
acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves,
con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.
En un video se ve claramente que matan a Edgar
Prado quien está ayudando a una persona que cae al suelo en Ayacucho. Ese video
de Reuters que ningún canal de TV comercial quiso pasar primero y luego lo
hicieron forzadamente es esclarecedor. Prado no agredía a otra persona ni
estaba armado. Otro caso es el del brigadista Marco Antonio Samillan Sanga
quien ayudaba a los heridos en Puno y murió por un perdigón en el pecho. Para
agravar el asunto existen reportes médicos que señalan el uso de balas muy
destructivas. El caso del Jorge Soncco Quispe
el suboficial de policía quien fue asesinado cruelmente por una turba violenta en
Juliaca es también conocido. Estas muertes y las más de 40
reportadas que en otro país hubiera causado conmoción nacional y crisis a nivel
gobierno requieren ser investigadas y castigados los culpables. No se puede ser
indiferente frente a ello.
Cuando
un político destempladamente habla con un general de la policía o del
ejercicito y le ordena implícitamente usar las armas en contra de la población
que se manifiesta contra su gobierno y este por honor se niega no lo premian,
lo maltratan. Si no pregúntenle al general PNP César Alberto Jordán cuyo
accionar valiente es reconocido por la sociedad. Se me viene a la mente el
general Jaime Salinas Sedó que hizo frente al golpe de estado de 1992, trató de
reestablecer la democracia y fue injustamente difamado y encarcelado. En la
historia del Perú esos oficiales de la policía y del ejército son muchas veces
olvidados que por ser firmes con sus convicciones democráticas y principios
éticos se niegan a acatar órdenes a pesar de comprometer su carrera y
bienestar.
Hay
que comprender la situación vulnerable del policía quien es enviado a hacer
frente a las protestas sociales. No tiene la vestimenta adecuada, cascos,
lentes o escudo ni otros elementos de protección en buenas condiciones, tampoco
cuenta con entrenamiento ni formación certificada en cómo actuar frente a estos
casos de grandes movilizaciones. Su única defensa de armas no letales son gases
lacrimógenos y perdigones de goma, que para colmo son
escasos. Además, cuando los envían, muchas veces lo hacen sin
un previo estudio de inteligencia ni una planificación. Para ellos es un caos
hacer frente a estas manifestaciones, sumado al maltrato y demoras cuando son
atendidos por heridas, burocracia en licencias por salud, etc. el malestar es
común en los policías.
Cuando
hay problemas sociales complejos, las soluciones son complejas. Hay gente que
cree que ante el incremento de la delincuencia la solución es deportar a los
extranjeros. Otros creen que ante la pobreza de unos y la riqueza de pocos, la
solución es quitarle dinero y propiedades al rico para que se reparta entre los
pobres. Muchos creen que ante el COVID-19 mejor es no vacunarse y seguir con
remedios caseros. Y así, hay gente, lastimosamente con poder
político que piensa que reprimir violentamente las protestas sociales es la
única respuesta a los conflictos sociales.
Defensoría
del Pueblo define el conflicto social como: un proceso complejo en el que los
actores principales (sociedad, Estado y empresas) perciben que sus objetivos,
intereses valores o necesidades son contradictorios, generándose una situación
que podría derivar en violencia. Es clave distinguir en este punto que un
conflicto no es sinónimo de violencia.
Los
conflictos sociales que ocurren fuera de Lima no son comprendidos por muchos
políticos peruanos, tampoco por muchos periodistas, ni mucho menos por los
pseudo líderes de opinión que pululan en las radios, TV y redes sociales.
Entender el pensamiento y la forma de actuar de las comunidades campesinas o
amazónicas es intrincado por el ciudadano, pero para eso hay varios estudios
realizados por los profesionales de las ciencias sociales que casi nadie lee.
Basta buscar conflictos sociales Perú y aparecerán tesis y varios artículos en
resistas especializadas.
Desde el punto de vista del manifestante su
molestia y enojo acumulada por años por la indolencia e ineptitud de las
autoridades (congresistas, presidentes, ministros, jueces, etc.) que lo han
engañado y “mecido” siempre. Años de marginación, de ser incomprendidos y
terruqueados, discriminados racial y económicamente es el
fracaso más notable de nuestros gobernantes y grupos de gran poder económico
para con los ciudadanos de la sierra y amazonia peruana.
Debemos recordar los niveles altos de corrupción de
gobiernos nacionales, pero también a los regionales que no han mejorado significativamente
el nivel de vida de los peruanos de las regiones y en muchos casos lo han
empeorado. Por otro lado, la justicia no es igual para el pobre que
para el que puede pagar los caros grandes estudios de abogados limeños. Existen
una serie de reclamos e injusticias que al analizarlos históricamente vienen
incluso antes de la época de la independencia y ese hecho histórico libertario
ni los sucesivos gobiernos en la vida republicana han logrado comprender,
resolver si mucho menos solidarizarse con ellos.
Hay que resaltar el hecho que la mayoría de las
manifestantes hace protestas pacíficas, una parte pequeña es la que hace
vandalismos como atentado a bienes públicos o agresiones a las fuerzas del
orden. Si fuera al revés, los daños serían enormes. Es condenable que se dañen los
bienes, que en realidad son de todos los peruanos. Pero, además, las tomas de
carreteras y aeropuertos tienen varias consecuencias que atentan el trabajo de
varias personas, desde el bodeguero, comerciantes, restaurantes, campesinos que
no pueden llevar sus productos, personas enfermas que por terquedad y falta de
empatía no pueden ser evacuadas, entre otros. Se da el caso que el bloqueo de
carreteras afecta a la misma población que se dice defender. Los manifestantes
deben buscar formar alternativas de protestas ciudadanas que no afecten
gravemente a su propia gente.
Una sugerencia es visibilizar sus demandas por medio
de la prensa internacional. Para ello
los medios de comunicación pueden ayudar visibilizando con grandes titulares,
reportajes y entrevistas a las personas afectadas antes que estallen los
conflictos. La presión popular aliada con los medios de comunicación ha logrado
cambiar algunas propuestas de ley que eran lesivas a la población. En el
caso de la gran prensa nacional no se puede confiar mucho, los dueños peruanos
de estos medios de comunicación han tenido vergonzosas participaciones, ignoran
e incluso desprecian a los peruanos de las regiones. Uno tiene que recurrir a
medios extranjeros o periodistas peruanos valientes con presencia en Internet,
muchos de ellos expulsados y vetados por los grandes medios de comunicación,
para informarse de lo que ocurre en las regiones.
Lo
que más sorprende es el grado de impunidad de los autores intelectuales de
estos asesinatos. Es cierto que luego de un tiempo la justicia se hace sentir,
pero solo abarca a personal que no tienen acceso a una buena defensa legal,
mientras que los altos mandos y sobre todo los actores políticos en el gobierno
casi siempre salen libres de polvo y paja. Aquí se requiere un trabajo valiente
de la fiscalía que de alguna manera escarmiente a los políticos que ordenan
reprimir los conflictos sociales ilegalmente.
Finalmente,
es preocupante la aceptación como hecho normal por cierta parte de la población
de los asesinatos, tanto por las fuerzas del orden como por
los manifestantes. Los políticos ineptos, incultos, inescrupulosos y
rabiosos creen que con meter baja y
declarar estado de emergencia se resolverá la crisis. Si esto sigue así, en el Perú el
conflicto social escalará a niveles extremos nunca vistos para dolor y sufrimiento de muchos compatriotas.
Necesitamos soluciones a los conflictos sociales y para ellos los valores de respeto a la vida, empatía y negociaciones entre partes que se respeten
mutuamente son imprescindibles.
https://ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-las-protestas
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/6508
https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/12/peru-protest-deaths-puno/
