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miércoles, 6 de junio de 2012

Los conflictos sociales mineros en el Perú ¿Qué dicen los especialistas?


Desde hace unos años en el Perú ha ido creciendo el llamado conflicto social debido a la actividad de la minería, donde muchos políticos opinan del tema mientras que los especialistas e instituciones como los colegios profesionales, universidades, sociedades científicas  y centros de investigación  no se han pronunciado, al menos públicamente. Esto me ha llamado poderosamente la atención.

Es extraño, ya si se tratara de un tema de salud, los que deberían opinar serían los médicos. De igual manera en el tema ambiental hay ingenieros y científicos trabajando a quienes la prensa debería consultar y ellos dar opiniones basados en la ciencia y tecnología. Con esto no digo que los políticos no deben opinar, si tienen todo su derecho  y es más, la población exigirá que ellos hablen sobre temas ambientales.  Pero en la actualidad solo escuchamos hablar a los políticos y que yo sepa ningún profesional especializado en temas ambientales “ha metido su cuchara” en este gran debate. El tema ambiental se ha politizado en el Perú, lo cual es sumamente peligroso conociendo cómo es la política y a los políticos que tenemos en nuestro querido Perú.

Hay varios actores que están actuando mal en estos conflictos, polarizándolos más  y, además, parece ser que nos les importa nada la muerte de las personas. Uno es el gobierno nacional, otro el gobierno regional y siguen  los dirigentes nacionales y regionales, la prensa y las empresas mineras. Por otro lado, las instituciones como colegios profesionales, universidades y sociedades científicas ni opinan del tema.     

La actitud, casi beligerante, tanto del gobierno que está a favor como la de los dirigentes políticos que se  oponen a los proyectos mineros está equivocada.  Los términos del debate han subido exageradamente de tono hasta llegar al insulto y la casi a la rebelión.  Uno hecha gasolina y el otro enciende el fósforo.  No pues, con esta clase política ningún conflicto ambiental se resolverá. Entre todos los políticos la que ha tenido un comportamiento correcto ha sido la Congresista  Verónika Mendoza, lamentablemente ha sido “maltratada” por gente de su propio partido político y no le quedó otra que renunciar. Mendoza fue la única que pidió  los informes técnicos y en base a eso tuvo una actitud política responsable, es decir primero se entera y luego actúa. Le faltó una asesoría para interpretar y verificar la rigurosidad  de los informes que ella solicitó al MINSA y a otras instituciones.  
El gobierno tiene la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales que según dice en su portal Web es el órgano especializado que depende jerárquicamente del Presidente del Consejo de Ministros, encargado de dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en todos los niveles de gobierno y en el ámbito del territorio nacional, así como de evaluar los resultados de dicha gestión de conflictos sociales. No se quienes son los especialistas que conforman esa Oficina, pero hace poco el Primer Ministro extrañamente dijo que  "el gobierno no cuenta con técnicos suficientes para afrontar  los conflictos".

Por otro lado, está mal que el gobierno se proclame abiertamente a favor de un proyecto minero. ¿Qué pasa? ¿Tienen ellos parte en las acciones de esas empresas, son sus representantes legales o voceros oficiales? ¿Por qué decir Conga va? cuando la que decide ir o no ir es la empresa minera. No pues. El gobierno nacional y el regional no  tienen que tener una posición ni a favor ni en contra, si es que antes no hay un informe técnico ambiental que lo respalde, no antes.  Y cuando digo informe técnico no me refiero a un informe cualquiera sino a uno bien hecho.

Un informe ambiental serio tiene una metodología. No es coger con un balde una muestra de agua y llevarla al laboratorio y luego decir que tal metal esta a niveles mayores que los permitidos y por tanto la mina contamina. Eso está mal, ya que no se ha seguido la metodología del muestreo ambiental.  Nuestro país cuenta con muchos especialistas ambientales, la primera universidad donde se creó esta necesaria carrera  fue en la Universidad Nacional  Santiago Antúnez de Mayolo  donde hace unas pocas semanas dicté una conferencia.

Un estudio ambiental requiere seguir una metodología rigurosa, se necesitan el trabajo de técnicos, ingenieros y científicos con especialización para recoger los datos e interpretarlos, tras lo cual redactan un informe y será elevado a las autoridades que lo requieran o lo hayan solicitado. Pues ese informe debe ser público, en aras de la transparencia para que se discutido por todos los especialistas. Pues se da el caso que no todos se hacen público. Por ejemplo, traté de buscar el famoso informe de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani que según se dice el monitoreo fue ejecutado con el apoyo de una cooperante católica Alemana, así como en coordinación con otros organismos nacionales de derechos humanos en nuestro país. He buscado en Internet ese bendito informe, pero no lo encuentro, solo hay referencias al informe. 

Igual sucede  con otros informes de oficinas oficiales del estado no están disponibles en Internet, hay que solicitarlos por escrito vía una institución. Pero allí el estado peruano tiene una tarea pendiente ya que esos informes no son privados, han sido pagados con la plata de los peruanos y se supone que por transparencia institucional deben estar disponibles en Internet porque estamos en pleno siglo XXI y se puede hacer.   


Ya me tienen cansado los informes que dicen "se necesita mayor estudio"  y no concluyen en nada. No pues ¿cuándo se va a realizar un informe completo con la rigurosidad técnica, tecnológica y científica requerida? Para eso se requiere dar los recursos necesarios, no se puede mezquinar los presupuestos  a los estudios ambientales. Asimismo, se requieren especialistas que los hay, no aficionados o "gente de confianza".   

Las empresas también tiene la culpa. Hay una historia negra donde se contaminaba a más no poder y las relaciones comunitarias eras desastrosas. Con el tiempo han cambiado y gracias a las leyes que se han dado y  a las fiscalizaciones ambientales   que se hacen en el sector minero formal la situación es otra. Pero falta mucho por trabajar en ese aspecto.  Por ejemplo; muchas empresas  tienen  varios abogados, muy buenos y bien remunerados, mientras que sus especialistas en temas ambientales son pocos, no tienen muchos recursos y los buenos no ganan mucho. Tampoco tienen  sociólogos que bien podrían entender a las poblaciones de su área de influencia.

Algunas empresas mineras dicen que su problema con la población es la falta de comunicación. Pero eso no es cierto. Lo que les falta es comprenderla, ponerse en el pellejo de la población. Para eso lo mejores profesionales son los sociólogos, no los abogados ni ingenieros. Una vez que los entiendan su forma de ser, su historia, entre otros, ya pueden entrar los comunicadores sociales y otros profesionales. Pero no puedes ponerle de frente al abogado o a la policía y luego decir que “nuestro problema ha sido la falta de comunicación”.  

Según Caretas  Nº2234 pg 21 entre diciembre de 2011 y abril de este año la OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente, impuso sanciones por 23 millones de soles a las mineras quienes hasta la fecha sólo han pagado 3 millones de soles, cifra obviamente ridícula. Esto sucede porque las mineras apelan al Poder Judicial. No pues, hay que ser responsables.  

Los dirigentes tienen que comprender que sus intereses políticos no son prioritarios. Lo importante es servir a la sociedad que dicen defender. El colmo es que hay autodenominados “líderes sociales” que no tiene el respaldo ni presencia real en la sociedad. No pueden llevar a extremos su protesta. No pueden tomar impunemente las carreteras. No pueden mentir a la población. Usar justas demandas sociales para ganar elecciones y luego olvidarse de sus promesas no está bien. Usar temas ambientales con cálculos políticos es deplorable.  Luego hay policías y pobladores  heridos y muertos y nadie de hace responsable, eso es indígnate.

La minería ilegal es un gran problema, por ejemplo;  según Macroconsult la exportación de oro ilegal generó en el 2011 la cifra de 3 000 millones de dólares, mientras que el narcotráfico produjo 1 200 millones de dólares, siendo la evasión tributaria alrededor de unos 450 millones de dólares al año con los cuales se podrían haber construido 5 Metropolitanos. Es una enormidad de plata.  Los daños ambientales son también enormes, en Madre de Dios han sido afectadas 30 mil hectáreas  por la minería ilegal del oro.

Por un lado las poblaciones  y organizaciones (como ciertas ONG) se ponen en contra de la actividad minera formal, pero no dicen nada de la minería ilegal, que de manera inhumana tiene a niños trabajando y no sólo eso, sino que cruelmente son sometidos a laborar en condiciones deplorables. Estas rodeados de prostitución y mafias que son las únicas que se beneficias por esta actividad minera ilegal.  En este caso esas organizaciones que se oponen a la minería legal no dicen nada. Hay una doble cara. Tampoco el estado ha hecho gran cosa por resolver este problema. Asimismo, poblaciones que antaño se quejan de la contaminación causada por una actividad metalúrgica, ahora  reclaman que no se cierre esa empresa.

Hace pocas semanas nuestro país se vio inmerso en la toma de carreteras ocasionada por los mineros “informales” de Arequipa y Trujillo. Como ocurre casi siempre el gobierno débil ante esta protesta cedió y mediante el  DS 012-2012-EM, que el blog de gestiónpública calificó de “infame”,  permitirá que se siga comercializando ese oro ilegal por dos años para según los expertos del gobierno "se consolida la formalización de esos mineros" a través de la empresa estatal Activos Mineros y con el financiamiento del Banco de la Nación. No pues, encima que no pagan sus impuestos, contaminan, incumplen las leyes laborales y el estado los financia. El gobierno por sacarse un problema ahora lo posponen y dentro de dos años se van a meter en otro.  

Hay que reconocer que toda actividad humana contamina el ambiente, los costeños estamos contaminando el rio con nuestros desagües y luego finalmente contaminamos  el mar. Cuando una persona hace uso indiscriminado de los fertilizantes y pesticidas contamina los suelos y el agua. Cuando se talan los árboles y no se siembran nuevos se hace un  grave daño al ambiente.

Hay mucha gente que se rasga las vestiduras para que otros cuiden el ambiente, pero esas mismas personas contaminan y hacen daño al ambiente. Eso ocurre cuando tienen goteras en su caños, exageran con el uso del agua, no usan focos ahorradores, botan muchos desperdicios, no participan en programas de reciclaje,         queman la basura, botan pilas a la basura, imprimen sus documentos de manera indiscriminada, usan mucho combustible en sus vehículos, entre otros.

Toda actividad industrial, al igual que la actividad humana, contamina, pero hay que llevar esa contaminación a niveles mínimos posibles, a valores aceptables.  Con la tecnología actual eso se puede hacer, lo que nos falta es un compromiso de la sociedad peruana, de sus gobernantes y las empresas de ser lo más transparentes en los temas ambientales, reforzar el monitoreo ambiental participativo, potenciar las fiscalizaciones ambientales,  sancionar ejemplarmente tanto a la minería ilegal como a la legal si está última contamina,  tener leyes simples y claras, no un enredo legal y, finalmente, un poder judicial eficiente y ejemplar.  

Como actores vigilantes de los compromisos ambientales deben estar los colegios profesionales, las universidades, las sociedades científicas  y los centros de investigación quienes no pueden ser testigos mudos, sino entes opinantes y activos.