En muchos medios de comunicación y redes sociales los titulares indican que en el Perú hay una dictadura, mientras que otros señalaban que vivimos tiempos de democracia. De la misma manera, los ciudadanos de los países del llamado primer mundo se preguntan si viven en democracia o no. Bueno, la realidad es mucho más compleja. Primero debemos definir qué es una democracia, básicamente conocer los requisitos para que un Estado sea clasificado como democrático.
El principio esencial de una democracia es que el poder
político reside en los ciudadanos. Una pregunta clave es: ¿cuánto poder realmente
reside en los ciudadanos? En muchos países las personas votan por ciertos políticos
que publicitan un listado de promesas. Después de votar de manera libre y
secreta por uno de ellos, el político ganador olvida sus promesas y pone en
agenda otros planes y, tras una breve o larga discusión, las ejecuta. En este
punto uno se pregunta: ¿realmente ese político representa a los ciudadanos que
lo eligieron? La respuesta obvia es no.
Otra característica de un gobierno democrático es la llamada
División de Poderes; en otras palabras, para prevenir la concentración del
poder en una sola persona o ente y evitar posibles abusos, el poder del Estado
se fragmenta en distintas ramas independientes, que son:
- Poder
Legislativo: Crea y aprueba las leyes; en nuestro caso es el Congreso.
- Poder
Ejecutivo: Implementan y hacen cumplir las leyes; representados por el Presidente y sus ministros.
- Poder Judicial: Interpreta las leyes y administra justicia. Está constituido por la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores de Justicia, Juzgados Especializados y Mixtos, Juzgados de Paz Letrados y Juzgados de Paz.
En nuestro país, poco a poco el poder Legislativo ha crecido
y tiene en la actualidad gran injerencia en el poder ejecutivo, a tal grado que
no solo puede remover ministros, sino también presidentes y vicepresidentes. Asimismo,
hemos visto que el Legislativo ha removido a presidentes del poder judicial. Por
ello, en el Perú actual prácticamente no hay división de poderes. No importa si
el pueblo elige a un presidente; él casi no tiene poder. Por otro lado, si hay un referendo, existe la
obligación de respetarlo, pero el actual Congreso, en el caso del referéndum
relacionado con bicameralidad (que existiesen diputados y senadores), el pueblo
dijo que no, pero en el 2024 el Pleno del Congreso de la República aprobó el retorno a la
bicameralidad ignorando olímpicamente el
resultado del referéndum, vulnerando la soberanía popular.
Sobre lo dicho antes,
hay que agregar el llamado Estado de Derecho, que en términos simples significa
que nadie está por encima de la ley. Las
leyes deben ser justas y aplicarse sin arbitrariedad, donde todos tienen derecho
a un juicio justo y al debido proceso. Ya el ciudadano de a pie, sufrido
peruano, sabe que, en la práctica, hay gente que tiene más derechos que otros. Así
es que no vivimos en un estado de derecho pleno.
Finalmente, las personas perciben que viven en democracia si
existe libertad de expresión y de prensa, libertad de reunión, libertad de
religión, política y de conciencia. Cualquier peruano manifestará que esas libertades
existen, aunque las mafias contratan a delincuentes para amedrentar y, en otros casos,
a sicarios para asesinar a periodistas, donde los responsables intelectuales
no son condenados, y en muchos casos ni siquiera acusados.
Como respuesta a la pregunta inicialmente planteada, es
claro que no vivimos en una democracia plena en el Perú. Es más bien una
democracia deficiente o imperfecta. Según
la revista The Economist, que publica el
Índice de Democracia y asigna puntajes entre 10 (democracia plena) y 0 (regímenes
autoritarios), el Perú cayó un puesto en el ranking global y permanece
estancado en la categoría de régimen híbrido los años 2025-2025. En 2024, el
Perú obtuvo una calificación de 2.50, respecto al puntaje de 3.13 que recibió
en el 2023.
Como una reflexión final, es preciso señalar que, en la
actual circunstancia peruana, más vale votar por unos diputados y senadores democráticos
y decentes que puedan revertir la intromisión exagerada del Legislativo en los otros poderes del Estado.
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